RSC EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: dar ejemplo, la mejor lección.

28 May

Los datos no dejan lugar a dudas: está demostrado que las personas con discapacidad tienen mucha menor participación en el mercado laboral. Siguen existiendo para ellos barreras muy importantes –algunas involuntarias–, pero lo que es evidente es que ellos tienen un índice de contratación mucho menor, –y por tanto sufren una importante falta de integración–, que el del resto de personas.

Así lo puso de manifiesto el pasado 21 de mayo el Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE,  Alberto Durán, que participó junto a un buen número de expertos en la Jornada RSC+D en la Administración Pública organizada en Madrid por el semanario económico NUEVO LUNES. “Aunque el marco normativo es correcto, y además está bastante avanzado con respecto al resto de Europa, sigue existiendo un problema fundamental: aún no existe una normalización real de las personas con discapacidad, a lo que se suma que no siempre se cumple la normativa”, señaló en este sentido Alberto Durán.

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A su juicio, más que exigir a la sociedad su aplicación efectiva, lo fundamental es “apostar por la pedagogía”, y una parte muy importante de esa pedagogía tiene que llevarla a cabo la Administración a través de la Contratación Pública Responsable, fomentando la colaboración con empresas y organizaciones que apoyen a las personas con discapacidad. La clave: “aplicar la equidad para que la IGUALDAD sea real”, insistió Durán. Y en este sentido, el Foro de la Contratación Responsable, impulsado entre otros por ONCE o el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, “es una herramienta válida para equiparar a estas personas en el ámbito de la contratación pública; un instrumento potente para alcanzar la igualdad”, recalcó.

Los objetivos de este Foro son claros: impulsar la inclusión de cláusulas  de contenido social en la contratación pública que favorezcan la discapacidad; el apoyo técnico a las entidades contratantes y contratistas; la difusión de buenas prácticas de contratación pública social y responsable; y la promoción en general de la Contratación Responsable.

En palabras de su Presidenta, María Garaña, no podemos dejar de tener en cuenta a este colectivo: cerca de un 10% de la población española tiene algún tipo de discapacidad, “más de 4 millones de personas”. Dos millones de ellos están en edad de trabajar, lo que eleva al 50% el porcentaje de paro en este colectivo. Hoy, las fórmulas que propone este Foro “son aplicables sin necesidad de apoyo adicional ni subvenciones. Se puede hacer con los medios que existentes”, recalcó Garaña, que añadió que es una fórmula WIN-WIN. “Todos ganan”.

Tampoco se puede obviar otro dato fundamental: la contratación pública supone el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). La propuesta del Foro es sencilla: a la hora de habilitar los concursos públicos y abrirlos a las empresas, aceptando las que cumlpan todos los requisitos, “sería fundamental dotar de puntos adicionales a las que empleen a personas con discapacidad, por ejemplo, o a las que colaboren con Centros Especiales de Empleo”, explicó Garaña.

discapacidad

El Foro de la Contratación Pública Responsable ofrece una plataforma on line única, medible, muy fácil de explicar y de utilizar, y con un propósito claro: acompañar y apoyar a la Administración Pública y a las empresas en la aplicación de la herramienta. “No hay excusas; es fácil, tecnológicamente muy sencilla, y abarca todo el proceso; cómo hacer los pliegos, cómo incluir estas cláusulas sociales….”.

COMPROMISOS DEL GOBIERNO

Durante su intervención, el Subdirector General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, Ángel Melchor, fue más claro aún: el objetivo del Gobierno en esta materia es conseguir que los términos económico y social “dejen de ser antagónicos”. “El crecimiento económico siempre debe ser acorde con la mejora de las condiciones  sociales y laborales”, dijo, y aunque “hay un marco normativo que existe y que está muy avanzado, aún queda mucho camino por recorrer”. Parte de esos ‘deberes’ debe hacerlos la Administración, señaló, ya que “hace falta dar a conocer más y mejor las herramientas y posibilidades legales que existen para las empresas que desean fomentar este tipo de contratación”.

“La Administración es una gran empresa y como tal debe hacer un gran esfuerzo en este sentido y en otros relacionados con la RSC o la sostenibilidad, como el ahorro energético, las protección del Medio Ambiente, el reciclaje, el buen gobierno, la igualdad, y por supuesto la discapacidad. Y que se sepa lo que hacemos”, recalcó Melchor, que añadió que estos aspectos, “no sólo son de justicia si queremos exigir responsabilidades a los ciudadanos, si no que además son muestra clara del nivel de madurez de una sociedad”.

Empresas e instituciones como Microsoft, Acciona, Repsol, los Ministerios de Sanidad, Hacienda y Defensa, Indra, Coca-Cola España, KPMG, Ferrovial, Vodafone, Renfe, Deloitte, Inditex, ESADE, Ayuntamientos como el de Barcelona, Avilés, Castellón o Elche, Campofrío, El Corte Inglés, la Generalitat de Cataluña, Red Eléctrica (REE), Telefónica, Gas Natural Fenosa,  la Junta de Castilla León, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT),o Endesa forman parte ya como socios o colaboradores del Foro de la Contratación Pública Responsable. ¿Pero qué valor añadido reciben?: entre otros, el acceso gratuito a la herramienta digital sobre cláusulas sociales, asistencia técnica en esta materia, participación en eventos, formación y capacitación, y sobre todo el reconocimiento de la sociedad y las Administraciones por el esfuerzo realizado para la integración de las personas con discapacidad.

Es posible participar en el Foro como socio o como suscriptor. Tras la firma de una carta de adhesión, las empresas y organizaciones abonan una cuota anual de 500 euros, en el caso de los socios, y de 625 euros +IVA para los suscriptores

ADMINISTRACIONES  EJEMPLARES

Algunas de las entidades y empresas que ya ponen en práctica medidas de contratación responsable estuvieron presentes en esta Jornada para compartir sus experiencias de éxito, como el Ayuntamiento de Barcelona, que  se ha dotado de un instrumento de contratación pública responsable que ha obtenido resultados muy positivos. Según explicó su Gerente de Calidad de Vida, Igualdad y Deporte, Ángel Miret, “esta es una manera de fortalecer la implicación del Consistorio con la ciudadanía, con el establecimiento y aplicación de criterios ambientales y sociales encaminados a fomentar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, y que incluye la fijación de objetivos y un sistema de seguimiento”.

senior signing contract

A su juicio, “el impulso de este tipo de contratación es una palanca que incidirá en la economía real. A gran escala servirá para tejer una red de coherencia entre la política social y ambiental del gobierno y la contratación y compra de servicios y productos”.  Los perfiles de las personas con prioridad para la contratación son, entre otros, las perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), personas con discapacidad reconocida igual o superior al mínimo (33%), mujeres víctimas de violencia de género o doméstica, jóvenes provenientes de instituciones de protección de menores, internos de centros penitenciarios en periodo de libertad condicional o con pasado penitenciario, y personas con problemas de drogodependencia o alcoholismo en proceso de rehabilitación o inserción social.

En el caso del Consistorio asturiano de Avilés, su Concejala del Área de Bienestar Social, Yolanda Alonso explicó que la ciudad –con algo más de 83.000 habitantes dedicada al sector servicios en casi un 70%, un desempleo del 22%, en su mayoría mujeres, y que roza el 50% en el caso de los jóvenes– tiene mayores problemas de empleabilidad que las grandes urbes, lo que aumenta el riesgo de exclusión social (más de 1.000 familias son beneficiarias del Salario Social Básico). En noviembre de 2009, y debido también a la alta temporalidad en el ámbito laboral (88%) se creó el Acuerdo Avilés Avanza, firmado entre el Ayuntamiento, los sindicatos y los empresarios, y que incluía la incorporación de herramientas innovadoras como las Cláusulas Sociales en la Contratación Pública Municipal.

“Estas cláusulas sirven al Ayuntamiento de Avilés para puntuar y reservar parte de la contratación a personas con dificultades, fomentando la igualdad de oportunidades para colectivos como las mujeres o las personas con discapacidad y apoyando la calidad y la estabilidad en el empleo para ellos”, recalcó Yolanda Alonso. Los beneficios, a su juicio, son más que evidentes, sobre todo los sociales –directos e indirectos– sin coste económico añadido: no lesiona los intereses de las empresas, moderniza la Administración, establece vínculos entre las políticas de empleo y la inclusión, y se convierte en referente para otras Administraciones, porque es un modelo muy fácilmente replicable.

La ciudad muestra orgullosa sus resultados: casi 80 pliegos de licitación con cláusulas sociales, más de 160 personas en situación de dificultad contratadas, una optimización de los recursos destinados a cohesión social y una clara mejora de los porcentajes de empleabilidad en mujeres, personas con discapacidad y desempleados de larga duración.

Y precisamente estos buenos resultados son la mejor garantía de que la replicabilidad a la que hace referencia Yolanda Alonso tiene el éxito asegurado.

 

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